Aunque está tipificado en el Código Penal, activistas advierten que este delito de acoso digital es poco perseguido y las autoridades carecen de políticas efectivas para prevenirlo.
El grooming, una forma de acoso digital en la que adultos manipulan a menores con fines sexuales, se perfila como un riesgo creciente en Sinaloa, donde el 94.9% de niños y adolescentes usa internet.
Claudia, madre de familia, decidió restringir el uso del videojuego Roblox a su hija tras descubrir que un extraño le enviaba dinero virtual. “Ahora juega una hora y siempre junto a mí para estar enterada de lo que hace”, compartió.
Pese a estar contemplado en el artículo 185 bis F del Código Penal de Sinaloa, que establece penas de hasta ocho años de prisión y multas económicas, este delito rara vez se persigue. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó que entre 2020 y 2025 solo se abrió una causa penal, mientras que la Fiscalía reporta siete denuncias en 2024 y seis más hasta agosto de este año.
Para Rocío Avendaño, presidenta del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, estas cifras no reflejan la realidad del problema. “La tecnología avanza muy rápido y ni la ley ni las políticas públicas van al mismo ritmo. Aquí todavía no se toma como un tema prioritario”, advirtió.
La organización Save The Children define el grooming como un delito en el que una persona adulta gana la confianza de un menor para luego involucrarlo en conductas sexuales. En Sinaloa, sin embargo, la difusión preventiva y el acompañamiento institucional son escasos, señalan activistas.
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no respondió a la solicitud de información de El Sol de Sinaloa sobre sus acciones preventivas, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública apenas inició un programa de concientización sobre videojuegos, pero sin incluir el tema de grooming.
En contraste, en países como Estados Unidos ya se han documentado casos de abusadores que utilizan videojuegos para acercarse a menores. Ante esta situación, especialistas urgen a las autoridades sinaloenses a informar a los padres de familia, fortalecer la denuncia y actualizar las políticas públicas para atender un fenómeno que crece en los entornos digitales.